Los Comandos de la Frontera imponen nuevos controles en el Putumayo mientras negocian con el Gobierno

Los Comandos de la Frontera, el más poderoso grupo armado del departamento fronterizo del Putumayo, ha endurecido su control sobre la población mientras levanta una estrategia para negociar con el Gobierno. Al recorrer el río Putumayo entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, en las aguas que hacen la frontera entre Colombia y Ecuador, aparecen al menos dos veces lanchas con hombres armados que fungen como retenes ilegales. En esas paradas obligadas incluso revisan los celulares de todos quienes navegan la principal vía de esa zona de la Amazonía: inspeccionan los chats, revisan las fotos, indagan hasta por media hora. “Nadie llega hasta acá sin que ellos lo sepan y lo autoricen”, explica un conductor que cubre todos los días esa ruta fluvial.

Aunque los Comandos han ejercido control en amplias zonas del Putumayo en los últimos cinco años, la situación es más tensa que nunca. La gente borra los mensajes que envía en WhatsApp para evitar un señalamiento de ser infiltrados; algunas personas no hablan sino que solo susurran ante el temor de estar siendo espiados. Un líder social, que pide la reserva de su identidad porque teme por su seguridad, lo resume así: “El control ya no es solo a las dinámicas del territorio, sino que se ha expandido hasta acaparar la privacidad”. En poblados cercanos a Leguízamo, un pueblo de menos de 10.000 habitantes en el que la Armada tiene una base naval, la gente ha denunciado que los combatientes se ubican por las noches en los tambos de las casas, el espacio entre el suelo y el piso de las viviendas de palafitos, para espiar. El silencio impera.

Con la captura para extraditar a su líder Giovanny Andrés Rojas, conocido como Araña, Comandos se está reorganizando. Yuri Quintero, lideresa de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, dice que aunque la detención no afectó su control, “sí golpeó sus economías ilegales, porque Araña tenía muy claras las estrategias y rutas del narcotráfico”. Según ella, los campesinos que cultivan la coca han sentido los coletazos por la reducción de la compra, lo que ha generado una económica cocalera local que ha terminado con varios asesinatos en el municipio de San Miguel. “Se cortaron muchas relaciones económicas, y eso está afectando la compra y venta de la coca”.

Un líder campesino de la zona cuenta que tras la captura de Araña, los Comandos han congelado la compra de la pasta base, un producto intermedio entre la hoja de coca y la cocaína, y que Los Choneros, un grupo armado ecuatoriano, ha aprovechado. “Los ecuatorianos vienen a ofrecer 2.000 o 2.500 pesos por gramo de pasta base; también compran el cristal [cocaína] a 5.700 o 5.800 el gramo. Son mejores precios. Y la reducida [cruda] los ecuatorianos las pagan en 3.500, mientras los Comandos la compran en 2.600″. Carlos Fernández, un defensor de derechos humanos, explica que esa competencia lleva a las personas a arriesgar su vida, porque los Comandos han prohibido a los colombianos vender a los ecuatorianos. La Red de Derechos Humanos del Putumayo ha advertido que los cuatro asesinatos del último mes se deben, aparentemente, a que desafiaron esa regla.

Y es que los Comandos no compran pero siguen fuertes, sobre todo en los poblados del Bajo Putumayo. Si antes controlaban las acciones diarias de las personas, ahora también intervienen en las decisiones de las comunidades campesinas e indígenas. Un líder comunal, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, cuenta que desde hace unas semanas ordenaron a los presidentes de juntas de acción comunal y a los gobernadores indígenas incluir a un integrante suyo en el grupo de WhatsApp de cada vereda o poblado. Yuri Quintero añade que en zonas del municipio de Villagarzón intentaron carnetizar a la gente, para así controlar el ingreso. “Los líderes se negaron, porque la carnetización se convierte en un problema para los turistas. La gente se organizó y se opuso colectivamente, entonces se les cayó ese método de opresión y control”, dice.

Pero en otras zonas la estrategia sí ha surtido efecto. El 29 de marzo, en una zona rural de Puerto Leguízamo, citaron a los pobladores a un “encuentro comunitario”, según el panfleto que repartieron, para reunir fondos. “La gente estaba obligada a ir; el que no va, tiene que pagar 900.000 pesos (217 dólares)”, dice una lideresa mientras se desplaza en lancha hacia Puerto Asís. La misma dinámica ocurre con trabajos forzados que, de no cumplirse, también acarrean una sanción económica. “Cuando han puesto a la gente a construir algunas placa-huellas [vías semi pavimentadas], obligan a cada persona a dedicarle un número determinado de horas; si no lo hacen, deben pagar”, cuenta la mujer. “La gente está cansada porque es un día que no pueden jornalear”, reitera.

Las negociaciones de paz

Mientras tanto, los Comandos negocian con el Gobierno en el marco de la llamada paz total. Este 10 de abril, Armando Novoa, el negociador jefe de Petro con este grupo, “relanzará” la mesa de diálogo desde La Hormiga, al oeste del departamento. En el encuentro se tocarán tres temas que han propuesto los Comandos: la erradicación de cultivos ilícitos, la reforestación y los proyectos ambientales y la consolidación de una guardia campesina. Este último punto ha generado molestia en el Putumayo, pues los armados proponen que, tras su eventual desmovilización, sus combatientes pasen a integrarla. Para los líderes sociales, el riesgo es que por esa vía mantengan su control sobre la población y sobre el narcotráfico.

Sobre la reforestación, el grupo ha empezado a allanar camino. En los poblados del Bajo Putumayo aparecieron este año vallas o letreros con las siglas CDF-EB, con las que se identifican los Comandos, que advierten no arrojar basuras al río y cuidar el ecosistema. “Comienzan a aparecer después de una serie de reuniones en las que obligaron a las comunidades a adelantar procesos de reforestación, para mostrar resultados en términos de conservación ambiental”, dice el defensor de derechos humanos amenazado. A la par, incentivan el crecimiento de los cultivos de coca. “Utilizan a la gente para mostrar voluntad de paz ante el Gobierno”, señala.

Una voluntad clave para los primeros diálogos en ausencia de Araña, cuya extradición depende únicamente de la firma del presidente Petro, y el espacio en el que el grupo presentará a su nueva comandancia.